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La industria del juego legal en España gestionaba, a fecha de esta publicación (2012), unos 30.000 millones de euros anuales,  mantenía más de 170.000 empleos y superaba el 1% del PIB nacional; cifras que revelan el peso de este sector económico. En este contexto, la aparición y desarrollo de nuevas modalidades de juego que facilitaban las recientes tecnologías, ofrecía un panorama que requería un adecuado marco regulatorio.

El juego, por las relevantes repercusiones que puede tener, tanto relacionadas con la salud pública (adicción a la actividad o exposición de grupos vulnerables, caso de los menores) como con los ámbitos fiscal y legal (fraude, blanqueo de capitales, corrupción, etcétera), se ha desarrollado siempre bajo un alto grado de intervención pública,  con inevitables restricciones a la competencia, a la libre circulación o en el acceso al mercado. Cabe también destacar que una gran parte de los ingresos de la industria del juego revierte directamente en las arcas públicas.

Esta obra recoge las conferencias celebradas en marzo de 2011 en la Universidad de Valencia (España), con el objetivo de crear un entorno de análisis y reflexión sobre la realidad del juego en España desde el ámbito de la regulación, con especial énfasis en el debate sobre el juego online y en el marco del debate sobre la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Regulación del Juego

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados consideró que la representación del juego tradicional –presencial- la protagonizara una compañía como Codere, correspondiéndole a ésta realizar una valoración del texto, comentando los distintos aspectos del citado proyecto que preocupaban al sector privado legalmente autorizado hasta ese momento. Con este objetivo compareció el 17 de marzo de 2011 ante esta Comisión el presidente del Grupo Codere y de su Fundación, D. José Antonio Martínez Sampedro.

El crecimiento de compañías de juego online se  produjo  a través de sociedades offshore, esencialmente gibraltareñas, las cuales desarrollaban su actividad en España sin pagar impuestos ni generar empleo en el país donde se realizaba la actividad de manera efectiva. El texto del proyecto de ley consideraba  que esta situación no era ilegal, sino una cuestión de alegalidad. En base a esa consideración, el texto proponía hacer una excepción con todos los operadores ilegales de juego que habían venido desarrollando sus actividades ilícitas en territorio nacional en los últimos años, publicitando y promocionando su actividad y realizando importantes patrocinios deportivos, facilitando que adquiriesen una cuota de mercado muy relevante en condiciones ventajosas respecto al juego tradicional y legalmente autorizado, que sí sufría importantes restricciones en esos mismos ámbitos.

En palabras de D. José Antonio Martínez Sampedro, durante el acto de inauguración de las jornadas que dieron lugar a esta publicación, “detrás de esa presunción de alegalidad hay toda una serie de efectos que son difíciles de aceptar por un sector que durante muchos años se ha sometido a restricciones muy intensas, que se ha autoimpuesto limitaciones, que tiene –desde un punto de vista regulatorio y de percepción social- preocupaciones sobre cada movimiento que hace y que ahora asiste, en cierta medida, a un proceso revolucionario que crea un mercado nuevo que favorece con claridad a quienes han venido incumpliendo la legalidad existente”.

Ante el nuevo proyecto de ley, el sector privado tradicional también mostraba su preocupación por la definición de la figura de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), a quien se le permitía una “reserva de actividad en el ámbito de las loterías, pudiendo además competir con el sector privado en otros ámbitos”.

Desde Codere y su Fundación se intentó dedicar a estos asuntos toda la capacidad de pensamiento, de aportación de experiencias internacionales y de reflexión, organizando foros de análisis y reflexión como el celebrado en Valencia, que pudieran dar lugar a recomendaciones sobre cambios regulatorios y que tuvieran como objetivo servir de impulso de la actividad económica y de generación de empleo de un sector que puede, además, complementar muy positivamente la evolución de otros sectores, como el turístico.

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