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La publicación de este IV Informe de la percepción de los españoles sobre el juego de azar supone la consolidación de un esfuerzo realizado y mantenido por la Fundación CODERE y la Universidad Carlos III de Madrid, a través de su Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB), además de un fructífero ejemplo de colaboración entre el sector público y el privado.

Los datos que recoge esta publicación reflejan que la industria del juego no escapa a los efectos de la crisis económica. De esta manera, si bien el número de jugadores se incrementa en 2012 y supera el 85% de la población, el gasto y la frecuencia de juego es menor, por lo que resulta claro que los jugadores “racionalizan” la forma de su ocio y no pierden el control sobre su gasto. La proporción que representa el juego en el conjunto de los gastos en entretenimiento disminuye, pasando en un año del 9,4% al 7,7%. Otro aspecto llamativo que desvela el informe es que, cuando hay problemas económicos en el hogar, el gasto en juego casi desaparece, manteniéndose solo una pequeña cantidad para juegos públicos.

“Lo que se gasta en juego se está controlando en todos los hogares, incluso en los acomodados, y esta situación afecta sobre todo a las clases medias bajas e inmigrantes”, comenta uno de los autores del estudio, José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología en la UC3M.

Los españoles se gastaron en juego presencial 23.776,4 millones de euros en 2012 y las cantidades jugadas se redujeron en un 27% desde el año 2007. El consumo aparente por habitante este año fue de 242,4€.

Dentro del segmento de juego presencial destacan las apuestas deportivas en salas y hostelería, que experimentan una rápida expansión, pasando de 141 millones de euros en 2009 a 405,1 millones en 2012. Este crecimiento es debido al incremento del número de comunidades autónomas que han regulado esta modalidad de juego, así como al constante aumento del número de clientes.
En el año 2012 se implanta la Ley 13/2011, de Regulación del Juego, aprobada como “un intento, algo tardío y apresurado, para regular una realidad – el juego online– que resultaba inabarcable para las Administraciones públicas autonómicas”, comenta otro de los autores del estudio, José Ignacio Cases, profesor emérito de la UC3M.

Aunque la regulación y concesión de las licencias han aclarado el panorama del juego online, el informe recoge con claridad un dato incuestionable: “siguen abiertas webs no autorizadas cuyo funcionamiento, por un lado, supone competencia desleal frente a los operadores legalmente autorizados a realizar sus ofertas de juego en territorio español y, por otro, una merma importante en los ingresos fiscales del Estado”, denuncia el profesor Cases.

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